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Las primeras investigaciones se remontan al mes de octubre de 2007, cuando uno de los ingenieros fue agredido por el propietario de una piscina de Guardamar de Segura que había sufrido deficiencias graves, ya que figuraba como responsable del proyecto de la construcción de la misma, circunstancia ésta que negaba al no reconocer ese trabajo.
Del conjunto de investigaciones y diligencias practicadas durante este tiempo, informes aportados por los colegios de ingenieros técnicos, informes de diferentes ayuntamientos y manifestaciones de propietarios afectados, se determina que una empresa constructora de piscinas ubicada en la localidad de Torrevieja y para la que durante algún tiempo habían trabajado los citados ingenieros técnicos, tras cesar su relación laboral con estos, había realizado presuntamente gran cantidad de proyectos de piscinas privadas durante los años 2005 y 2006 en varias localidades de la provincia de Alicante como Guardamar del Segura, Santa Pola, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, Hondón de las Nieves, San Miguel de Salinas y también en Fortuna (Murcia).
Estos proyectos carecían de control técnico, ya que las personas detenidas no tenían la titulación exigida para la realización de los mismos.
Falsificaban presuntamente la firma y sello mediante el escaneo, siendo presentados en los colegios de ingenieros técnicos de Alicante, Elche y Murcia, donde tras la obtención del oportuno visado, los presentaban en los respectivos ayuntamientos para la obtención de licencia de obras.
De las investigaciones desarrolladas se ha podido saber que también ofrecían estos servicios a otras empresas constructoras de piscinas de la zona.
Supuestamente cobraban entre 300 y 1.000 euros por la realización de cada uno de los proyectos y se ha podido determinar fehacientemente que habrían realizado alrededor de unos 120, aunque el volumen podría ser mayor ya que en muchos casos los propietarios de las piscinas construidas y proyectadas por éstos eran personas de nacionalidad extranjera que estos momentos se encuentra fuera de España, circunstancia que imposibilidad el poder comprobar la situación de las mismas.
Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas, pasaron a disposición judicial.
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