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Las primeras
investigaciones se remontan al mes de octubre de 2007,
cuando uno de los ingenieros fue agredido por el propietario
de una piscina de Guardamar de Segura que había sufrido
deficiencias graves, ya que figuraba como responsable del
proyecto de la construcción de la misma, circunstancia ésta
que negaba al no reconocer ese trabajo.
Del conjunto de investigaciones y diligencias practicadas
durante este tiempo, informes aportados por los colegios de
ingenieros técnicos, informes de diferentes ayuntamientos y
manifestaciones de propietarios afectados, se determina que
una empresa constructora de piscinas ubicada en la localidad
de Torrevieja y para la que durante algún tiempo habían
trabajado los citados ingenieros técnicos, tras cesar su
relación laboral con estos, había realizado presuntamente
gran cantidad de proyectos de piscinas privadas durante los
años 2005 y 2006 en varias
localidades de la provincia de Alicante como
Guardamar del Segura, Santa Pola, Torrevieja, Pilar de la
Horadada, Rojales, San Fulgencio, Hondón de las Nieves, San
Miguel de Salinas y también en
Fortuna (Murcia).
Estos proyectos carecían de control técnico, ya que las
personas detenidas no tenían la titulación exigida para la
realización de los mismos. Falsificaban presuntamente la
firma y sello mediante el escaneo, siendo presentados en los
colegios de ingenieros técnicos de Alicante, Elche y Murcia,
donde tras la obtención del oportuno visado, los presentaban
en los respectivos ayuntamientos para la obtención de
licencia de obras.
De las investigaciones desarrolladas se ha podido saber que
también ofrecían estos servicios a otras empresas
constructoras de piscinas de la zona.
Supuestamente cobraban entre 300 y 1.000 euros por la
realización de cada uno de los proyectos y se ha podido
determinar fehacientemente que habrían realizado alrededor
de unos 120, aunque el volumen podría ser mayor ya que en
muchos casos los propietarios de las piscinas construidas y
proyectadas por éstos eran personas de nacionalidad
extranjera que estos momentos se encuentra fuera de España,
circunstancia que imposibilidad el poder comprobar la
situación de las mismas.
Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas,
pasaron a disposición judicial. |
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